Granada
SEA Group acosa a una vecina de Granada y sus hijos para que se vayan de su casa: “Me han destrozado la vida”

El pasado martes 18 de noviembre, Rabía sale de casa, en el corazón de Granada, para llevar a la escuela a sus dos hijas de cinco y siete años, y a la guardería a su hijo pequeño de dos años. Un día que, como todos en la rutina familiar, empieza con el ritual de desayuno, el aseo y los cuidados. En el trayecto de dejar a sus hijos en sus respectivos centros educativos tarda veinte minutos; por el camino piensa en las tareas que le quedaban por hacer el resto del día y en que antes de ponerse a ello desayunará con la calma del silencio escolar. Eso va rumiando mientras sube las escaleras y mete con gesto automático, de quien lleva haciendo lo mismo cada mañana desde hace cuatro años, la llave en la puerta de su casa. No pudo abrirla. “El nuevo dueño me había bloqueado la puerta y había metido a dos personas en mi casa y desde el balcón me decían ‘tú no vas a volver a entrar'”, explica esta vecina de Granada. “Soy una madre soltera con tres hijos, no tiene corazón ni tampoco está respetando las normas”.

Desde Stop Desahucios Granada, colectivo que se encuentra acompañando a esta familia en su caso, denuncian que además el propietario presuntamente se llevó cosas de la casa en camiones. “Cuando volví a entrar en mi casa estaba todo destrozado y se había llevado parte de mis cosas, juguetes, ropa y gafas de mis niños, documentos, pasaportes…”, sostiene Rabía. Los objetos siguen a día de hoy en paradero desconocido, y la casa es un amasijo de puertas rotas, bolsas de plástico y cables pelados.

Rabía expone con dolor las consecuencias que está teniendo en su vida esta situación: “No como, no duermo, me ha destrozado la vida, me ha quitado la sonrisa” 

Se trata del último episodio de todo un año de presiones para que abandone la que ha sido su casa los últimos cuatro años. Cuando Rabía entró a su hogar, el inmueble era propiedad de La Caixa. “Me denunció y gané el juicio”, expone esta granadina. La Caixa vendió la propiedad a la empresa Atram Asset (que sigue apareciendo en el registro como propietaria del inmueble), que también la denunció para intentar desahuciarla. “También gané ese juicio y de eso hace dos años y medio”, sigue relatando Rabía. Con dos sentencias a su favor, esta madre pensaba que la incertidumbre sobre su hogar iba a zanjarse y que podría por fin empezar a tener tranquilidad; no fue así.

Una mañana de noviembre de 2024 alguien llama a la puerta de Rabía. “Llega un hombre, junto a otro muy fuerte que parece de desokupa, con una carpeta llena de papeles y me dice que es el nuevo propietario que quiere hablar conmigo”.  Se citan días después: “Siempre viene con dos hombres fuertes a hablar conmigo; yo le digo que para irme necesitaría otra casa; a los días me ofrece las llaves de una casa, pero me dijo que sin papeles, sin registro alguno; me negué”, sostiene esta madre. “Él me insiste en que han comprado un lote de inmuebles y que no sabía que tenía cargas; le digo que si ha comprado tantos inmuebles, que me ofrezca una de esas casas, pero se niega; desde ese momento me dijo: ‘Te vas a ir o por las buenas o por las malas', mientras daba golpes en la mesa”.

Desde ese momento, relata esta vecina que comenzaron las hostilidades, una situación que ha ido in crescendo hasta el día de hoy, en el que Rabía denuncia la desaparición de sus cosas, el allanamiento de su casa por parte del propietario y otras personas y la constante vigilancia a la que está sometida. Así como el corte de suministros, desde hace diez meses esta familia se encuentra sin agua en casa. “Un día me levanté y no había agua en el grifo; él me la había cortado.

El abogado del caso, Salvado Soler, expone que la propiedad “está intentando conseguir por la fuerza lo que ningún juzgado le daría de otra manera”

En principio la cortó desde el edificio, pero tras unas semanas pidió a Emasagra que cortaran el agua porque dijo que era el propietario de la casa y se iba de vacaciones, pero el contrato está a mi nombre y siempre he pagado”, se queja Rabía. Desde Stop Desahucios denuncian que la entidad gestora del agua en la ciudad lleve meses sin prestarle servicio: “El derecho al agua es un derecho humano; el Ayuntamiento de Granada, socio mayoritario de Emasagra, no está garantizando un derecho tan básico para la vida de una familia”. El Defensor del Pueblo andaluz expone que es una obligación “asegurar el acceso al agua, en especial a los grupos vulnerables y marginados” y “en ninguna circunstancia deberá privarse a una persona del mínimo indispensable de agua”. 

Rabía con dos resoluciones judiciales a su favor que instan a que la familia se quede en su casa, y que ha interpuesto varias denuncias al propietario que está intentando que se marche; está esperando la denuncia de la propiedad. “Yo pensaba que, como con las otras propiedades, me iba a denunciar e iba a tener el mismo proceso, por lo legal, pero no está siendo así”, puntualiza esta vecina. El abogado del caso, Salvado Soler, expone que la propiedad “está intentando conseguir por la fuerza lo que ningún juzgado le daría de otra manera”. Soler pone el foco además en la responsabilidad de las instituciones en permitir estas acciones: “No hay ninguna resolución judicial nacional o europea que no proteja a esta familia”.

El caso de Rabía, mujer migrante, al frente de una familia monomarental, es el reflejo de un sistema inmobiliario cuyas violencias están feminizadas. Según datos de la PAH, el 70% de los desahucios que se ejecutan en el Estado lo sufren las mujeres. Según la fundación Adecco, el 53,3% de las familias monoparentales se encuentra en riesgo de exclusión o pobreza. El último informe de Provivienda sobre exclusión residencial expone que: “La exclusión residencial es comparativamente mayor en los hogares donde la persona responsable de la vivienda es una mujer con nacionalidad extranjera”. Rabía expone con dolor las consecuencias que está teniendo en su vida esta situación: “No como, no duermo, me ha destrozado la vida, me ha quitado la sonrisa”.

¿Quién es SEA Group?

Stop Desahucios y Rabía refieren que el supuesto propietario del inmueble es la compañía SEA Group. Así lo ha expuesto la persona que lleva desde finales de 2024 haciendo de interlocutor entre la compañía y la vecina, el asesor jurídico del SEA Group, Eladio Casaseca. Este grupo inmobiliario trabaja desde 2014 en la provincia de Granada y en la Costa del Sol de Málaga a través de la promoción inmobiliaria. Entre sus proyectos se encuentra la promoción de apartamentos de lujo en Marbella Oxygen, así como decenas de casas en la provincia de Granada.

Según refiere la página oficial de la compañía, el CEO de la empresa es Carlos Casaseca Muñiz, proveniente de una familia de promotores inmobiliarios desde los años 80. Su padre, Luis Casaseca Navas, es el fundador de la empresa INGCO S.A. Casaseca Navas, además de empresario, fue diputado en el Parlamento andaluz y diputado en el Congreso en la década de los ochenta y en la década de los noventa por Alianza Popular, actual Partido Popular.

Entre los proyectos de la compañía se encuentra el cambio del espacio deportivo Granada 92 en un espacio residencial y el proyecto de la Zubia Plaza, que en un principio iba a ser un centro comercial y en el que finalmente el grupo construirá viviendas. “Engañaron al Ayuntamiento de La Zubia, es una empresa que se dedica a la especulación y quiere pasar por una empresa modélica que está invirtiendo en Granada”, sostiene el abogado Salvador Soler.

El Salto diario ha intentado ponerse en contacto con la compañía, en diversas ocasiones, para contar con su versión de los hechos, sin éxito.